Inmigración: a quiénes afectaría la regla de carga pública

El nuevo mandato ha sembrado el miedo y la preocupación entre la comunidad inmigrante.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) divulgó el lunes la directriz de “carga pública”, que endurece los protocolos que determinan a qué extranjero el gobierno le otorgará o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente y la extensión de visa.

“La autosuficiencia ha sido un principio básico de la ley de inmigración de los Estados Unidos desde los primeros estatutos de inmigración de este país", se lee en el documento publicado por USCIS.

“Sigue siendo la política de inmigración de los Estados Unidos que, los extranjeros dentro de las fronteras de la nación, no dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades, sino que dependen de sus propias capacidades y el recurso de sus familias, sus patrocinadores y las organizaciones privadas", añade.

Los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que han solicitado beneficios monetarios o en especie (tales como subvenciones de vivienda, de alimentos u otras formas de bienestar público) durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses.

En concreto, la regla final del USCIS, de 837 páginas, modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para establecer si un extranjero que solicita admisión al país o el estatus de residente permanente es inadmisible bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el estatuto de que en cualquier momento se convertiría en una carga pública.

El USCIS señala que, desde 1996, las leyes federales requieren que los ciudadanos extranjeros sean autosuficientes.

El nuevo protocolo afectaría a los extranjeros que buscan extender su estadía legal en el país o que buscan cambiar su estatus.

La norma, detalla el documento, no afecta a ciudadanos estadounidenses, incluso si estos están relacionados con extranjeros sujetos a la inadmisibilidad por carga pública.

Bajo la directriz, el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario, es decir, que no se considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro.

“La regla se aplica a los (extranjeros que) solicitan admisión (al país), los extranjeros que buscan ajustar su estatus como residente permanente legal dentro de los Estados Unidos, y los extranjeros dentro de los Estados Unidos que tienen una visa de no inmigrante y buscan extender su estadía en la misma clasificación de no inmigrantes o cambiar su estatus a una clasificación diferente de no inmigrante”, detalla el documento.

EL NUEVO PROTOCOLO NO SANCIONA A LOS ASILADOS

El USCIS establece que la directriz no afectaría a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”. Quedan exentos, entonces, asilados, refugiados y las poblaciones vulnerables.

También se otorgan disposiciones especiales en los casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, hijos adoptivos y recepción de Medicaid en casos de menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz.

De igual forma, hay excepciones “para ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno escolar”, se lee en el documento.

IMPORTANTE: La nueva directriz no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen el estatus de residente permanente, ya que la regla no tiene carácter retroactivo.

¿QUÉ FACTORES DE CARGA PÚBLICA ANALIZARÁ EL GOBIERNO SI PIDO A UN FAMILIAR?

La regla final ahonda en el escrutinio de factores como edad, nivel de estudios, profesión, estado de salud, si el ciudadano que hace la petición tiene o no seguro médico y su situación financiera.

El gobierno también evaluará a familiares inmediatos y si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente.

EN RESUMEN, EL GOBIERNO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN SI:

1.- El extranjero ha recibido subvenciones públicas o, incluso, si la ayuda le fue aprobada, aunque no la haya utilizado.

2.-La exoneración del pago de las tasas para los trámites migratorios también demostrarían que su situación financiera no es sólida.

3.-El historial crediticio. La norma requiere una puntuación similar o superior al del estadounidense promedio.

4.-El gobierno evaluará si el extranjero tiene la capacidad de solventar en el futuro una emergencia médica, para lo cual tomará en cuenta si dispone de un seguro médico privado.

5.-La educación y las habilidades profesionales. El dominio del inglés es uno de los elementos requeridos en este punto.

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