Estados Unidos

Arizona: Suavizan clásulas activas de la ley SB1070

PHOENIX - Una coalición de grupos a favor de los derechos civiles accedió a retirar su impugnación a la emblemática ley de inmigración de Arizona de 2010 en un acuerdo en el que el estado emitió normas sobre la manera en que los policías deben ejecutar la sección más polémica de la ley.

El pacto dado a conocer el jueves pone fin a la última de siete impugnaciones a la ley, la cual fue criticada por exigir que los agentes, mientras hacían cumplir otras leyes, preguntaran el estatus migratorio de quienes sospecharan que se encontraban en el país sin autorización legal.

Los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley, pero el requisito del cuestionamiento fue ratificado por la Corte Suprema de Estados Unidos, pese a las preocupaciones sobre etiquetación racial planteadas por opositores al estatuto.

Las pautas, emitidas por la fiscalía general de Arizona, incluyen el requisito de que un agente documente las razones de sus sospechas de que una persona en particular se encuentre en el país sin autorización.

Las normas indican además que los policías municipales y estatales generalmente no cuentan con la autoridad para detener a personas por infracciones civiles de inmigración y prohíbe a los agentes a prolongar las paradas vehiculares y detenciones con el único propósito de verificar el estatus migratorio de la persona.

Los policías podrán optar por no revisar el estatus migratorio de la persona si al hacerlo prolonga las detenciones, entorpece las investigaciones o no resulta práctico debido a emergencias, la imposibilidad de contar con el apoyo de otros agentes u otros factores.

Los detractores de la ley afirmaron que los cambios crean la obligación a rendir cuentas sobre el cumplimiento del estatuto y señalan que la ley ahora es una versión moderada de lo que fue previamente.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, enfatizó a través de un comunicado que el acuerdo implica que el requisito del cuestionamiento del estado migratorio permanezca en la ley.

"Nuestra meta al negociar este trato era encontrar una solución sensata que proteja a los contribuyentes de Arizona al tiempo que ayuda a nuestro gran estado a seguir adelante", indicó Brnovich.

Cecillia Wang, uno de los abogados que presentó la impugnación, dijo que el requisito de que los policías documenten las razones para interrogar a la gente sobre su situación migratoria agrega rendición de cuentas a la ley.

"Nos permite investigar casos en los que un policía realmente cruza los límites", agregó Wang.

Como parte del acuerdo, el estado accedió también a pagar a la coalición 1.4 millones de dólares en cuotas legales y otros gastos.

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