Los nuevos datos publicados el lunes muestran que la mayoría de los empleados de las escuelas K-12 y los empleados estatales que tenían el mandato de vacunarse o hacerse la prueba de COVID-19 están cumpliendo con la orden ejecutiva del gobernador de Connecticut, Ned Lamont.
Una encuesta de trabajadores de escuelas públicas y privadas publicada por el Departamento de Educación del estado indica que más del 90% de los empleados de escuelas K-12 están completamente vacunados contra COVID-19.
De 163 distritos escolares públicos, las escuelas autónomas en Bridgeport y New Haven administradas por Achievement First tuvieron las tasas más bajas de vacunación del personal, 77% y 78% respectivamente. Mientras tanto, 73 distritos tuvieron una tasa de vacunación que superó el 95%.
Entre las escuelas privadas, algunas tenían tasas de vacunación del personal mucho más bajas, incluido el 7% en Heritage Baptist Academy en Wallingford; 25% en Laurel Oaks Adventist School en Hamden; y el 37% en Faith Preparatory School en New Milford.
Lamont firmó una orden ejecutiva en agosto que requiere que todo el personal escolar de preK-12 en todo el estado y ciertos empleados estatales se vacunen. Aquellos que no lo hicieron debido a ciertas exenciones debían someterse a pruebas de COVID-19 semanalmente.
Hasta el lunes, el 95% de los empleados estatales del poder ejecutivo estaban cumpliendo con el edicto del gobernador. La tasa general de vacunación entre esos trabajadores es del 84%, un aumento de casi el 81% el 22 de octubre.
Del 5% de trabajadores que no cumplen, 31 han sido despedidos; 35 han sido puestos en licencia sin sueldo; y 42 están en proceso de ser puestos en licencia sin sueldo debido a su negativa a cumplir. Entre las agencias estatales afectadas, el Departamento de Corrección tiene la mayor tasa de incumplimiento, con un 12%, o 634 empleados. La agencia también tiene la tasa de vacunación más baja, con un 65%.
Local
Cerca de 32,000 empleados que trabajan en agencias del poder ejecutivo se ven afectados por la orden, que no se aplica a los poderes legislativo o judicial. Sin embargo, esas ramas del gobierno estatal han implementado reglas similares.
