El gobernador Charlie Baker dijo el martes que está revisando los protocolos para las pruebas y el rastreo del coronavirus en los campus universitarios de Massachusetts y planea "volver a interactuar" con las escuelas a raíz de un brote reciente en Boston College.
"Pasamos mucho tiempo trabajando con el Broad Institute y el centro de comando y colegios y universidades para armar una plataforma muy sólida para el rastreo de contactos", dijo el gobernador. "Y actualmente estamos revisando todos los protocolos asociados con las pruebas, rastreo, aislamiento y cuarentena y notificación, y planeamos volver a involucrarnos con las universidades en general sobre esto".
También el martes, Baker hizo un llamado a los líderes legislativos para que concluyan su trabajo en dos de sus prioridades. Cuando se le preguntó sobre el último desarrollo reportado en un escándalo de nómina de la Policía Estatal de Massachusetts, Baker señaló un proyecto de ley que presentó en enero con el objetivo de reformar la forma en que el estado maneja los pagos fraudulentos y la mala conducta dentro del departamento.
Dijo que propuestas similares están vinculadas a conversaciones privadas entre los negociadores de la Cámara y el Senado sobre un proyecto de ley de reforma policial más amplio, lo que sugiere que los legisladores dividan el lenguaje específico de la Policía del Estado de Massachusetts como legislación independiente para que pueda promulgarse antes.
"Realmente quiero ver ese proyecto de ley, esos cambios en la ley estatal, llegar a mi escritorio antes del final de la sesión", dijo. Baker también volvió a centrar la atención en un proyecto de ley de resiliencia climática que propuso al comienzo de la sesión 2019-2020, y lo calificó como una "parte crítica" de la capacidad del estado para cumplir con sus objetivos ambientales.
El proyecto de ley de Baker habría aumentado el impuesto especial sobre las transferencias de bienes raíces para recaudar $1 mil millones durante los próximos 10 años para inversiones en resiliencia climática. En julio de 2019, la Cámara aprobó un proyecto de ley que autoriza al estado a pedir prestados $1.3 mil millones y distribuir $100 millones para un nuevo programa de subvenciones GreenWorks cada año durante una década. El programa ayudaría a las comunidades a abordar cuestiones como la amenaza del aumento del nivel del mar y las inundaciones, y el daño que ya se ha hecho.
