El mandato de la vacuna contra el coronavirus del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, entró en vigor el lunes. La regla no se aplica a todos en el estado, pero los empleados de su Departamento Ejecutivo deben estar completamente inmunizados o haber solicitado una exención.
Esto es lo que podría suceder esta semana como resultado de la entrada en vigor del mandato:
Podría haber escasez de personal en el sistema penitenciario estatal, ya que más de 1,400 oficiales correccionales podrían estar violando la política para los empleados del poder ejecutivo. Además, al menos 150 oficiales de la Policía del Estado de Massachusetts tienen la intención de renunciar por ello o ya lo han hecho, según su sindicato, aunque el estado no ha confirmado esas cifras.
Mientras tanto, cientos o miles de trabajadores de la salud podrían perder sus trabajos por no cumplir con requisitos similares. Casi todos los hospitales de Massachusetts han anunciado mandatos de vacunas para empleados con fechas límite en octubre y noviembre. Y en Boston, más de 600 empleados de la ciudad están bajo licencia sin sueldo después de no cumplir con el mandato de vacunas de la alcaldesa Kim Janey.
El domingo venció la fecha límite para que miles de empleados de Massachusetts presentaran pruebas de vacunación contra COVID-19 o se enfrentan a un posible despido.
Administración de Baker ofrece detalles sobre la tasa de vacunación
Baker ha activado hasta 450 miembros de la Guardia Nacional para ayudar con las pruebas de COVID-19 en las escuelas de Massachusetts y ayudar a compensar la posible escasez de personal dentro del sistema penitenciario estatal.
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Si bien la semana pasada se movió para dedicar 250 de esos miembros de la Guardia Nacional a la posible escasez de personal del Departamento de Corrección, la oficina de Baker dijo el lunes que la administración "no anticipa ninguna escasez significativa de personal en el futuro inmediato".
En agosto, Baker advirtió a aproximadamente 42,000 empleados estatales de la rama ejecutiva que si no obtenían su vacuna COVID-19 o sus exenciones aprobadas antes de la fecha límite del 17 de octubre, enfrentarían medidas disciplinarias, incluso el despido.
El lunes, un representante de Baker dijo que más de 40,000 empleados del departamento ejecutivo, aproximadamente el 95% de la fuerza laboral a la que se aplica el mandato, han presentado sus formularios que atestiguan su estado de vacunación o han solicitado una exención. La oficina de Baker no respondió preguntas sobre cuántas exenciones religiosas se solicitaron y cuántas fueron aprobadas.
"En los próximos días, la Administración trabajará con la pequeña cantidad de empleados que no cumplen e implementará una disciplina progresiva si es necesario", dijo la oficina de Baker en un comunicado, señalando que faltaban un poco más de 1,500 atestaciones o solicitudes de exención de empleados de la oficina ejecutiva.
La orden de mandato de Baker requiere que cualquier persona que trabaje para una agencia del Departamento Ejecutivo del estado, incluidos los empleados de tiempo completo, medio tiempo, estacionales, intermitentes, temporales, post-jubilados y contratados, y los pasantes, también deben recibir la vacuna. El mandato también se extiende a las personas que trabajan a distancia para cualquier agencia estatal, según el sitio web estatal.
La Asociación de Policía del Estado de Massachusetts celebró una conferencia de prensa el lunes en el Boston Common sobre el mandato de vacunación de Baker y la fecha límite que entró en vigencia a la medianoche. Un portavoz de Baker señaló que más del 90% de los empleados de la policía estatal cumplen con el mandato.
Los sindicatos que representan tanto a los oficiales penitenciarios de Massachusetts como a los policías estatales demandaron al estado en un intento de bloquear el mandato de la vacuna, pero ambos perdieron.
Un juez de un tribunal federal denegó el viernes una solicitud del Sindicato Federado de Oficiales de Corrección de Massachusetts para bloquear la orden de vacunación de Baker. La decisión se tomó solo dos días antes de que los 3,300 miembros del sindicato enfrentaran la fecha límite del domingo para mostrar prueba de vacunación o enfrentar una acción disciplinaria, incluida la suspensión y posible despido.
El abogado del sindicato, James Lamond, dijo a la corte en una presentación separada el viernes que el 40%, o alrededor de 1,411 oficiales correccionales, no estaban vacunados hasta el miércoles pasado.
El mes pasado, un juez de la Corte Superior denegó una solicitud similar de la Asociación de Policía Estatal de Massachusetts para bloquear la entrada en vigor del mandato. La decisión dejó a los oficiales no vacunados con solo unos días para recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer o enfrentar una posible acción disciplinaria, incluida la pérdida de su trabajo.
