Varios estados han comenzado a pagar los servicios de planificación familiar en las clínicas administradas por Planned Parenthood.
El año pasado, la organización renunció a un programa de financiación federal de $260 millones por una regla de la administración Trump que prohíbe a las clínicas referir a mujeres para abortos.
Estados como Nueva Jersey, Massachusetts y Hawaii ya están proporcionando nuevos fondos. Los gobernadores demócratas en Connecticut y Pensilvania han propuesto dividir el dinero en los presupuestos estatales para contrarrestar los efectos de las consecuencias del proveedor nacional con la administración republicana.
Algunos opositores afirman que es un respaldo gubernamental al aborto y un uso inapropiado del dinero de los contribuyentes.
