Funcionarios buscan bloquear política de ciudad santuario en Massachusetts

Un grupo de líderes republicanos, estatales y municipales buscan evitar que Massachusetts se declare un "estado santuario".

Según reporta el Eagle Tribune, la propuesta señala las fuerzas del orden público estatales y locales estarían autorizadas a detener a ciertas personas según las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. si se emite una orden administrativa y existe una causa probable para sospechar que el individuo es "una amenaza para la seguridad pública" Residiendo en los Estados Unidos ilegalmente.

Los defensores de la medida, que incluyen al alcalde de Amesbury, Ken Gray, y la concejala de la ciudad de Peabody, Anne-Manning Martin, quieren hacer la pregunta a los votantes en las elecciones del 2020.

Al menos cuatro legisladores estatales: los representantes Colleen Garry, D-Dracut y William Crocker, R-Centerville, Norman Orrall, R-Lakewood y el senador Dean Tran, R-Fitchburg, se encuentran entre los 14 funcionarios electos que firmaron la petición.

Los grupos de derechos de inmigrantes dicen que otorgar autoridad policial para cooperar con los agentes de inmigración hace que las comunidades sean menos seguras, disuadiendo a las personas de denunciar delitos por temor a la deportación, reporta el periódico.

La pregunta propuesta en la boleta surge cuando Beacon Hill está considerando una vez más una propuesta que consolidaría una prohibición de facto en todo el estado de la cooperación de la policía local con agentes federales de inmigración.

El Eagle Tribune informa que el año pasado, el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts dictaminó de manera similar que la policía local no tiene el poder de detener a las personas por cargos de inmigración a menos que también enfrenten cargos penales. 

A nivel nacional, más de 200 gobiernos locales y estatales han adoptado políticas que limitan la cooperación con las solicitudes federales de detener a personas para posible deportación.

Baker ha dicho que no se opone a las ciudades y pueblos que adoptan políticas de santuario, pero ha amenazado con vetar la ley estatal del santuario si llega a su escritorio.

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