La educación fue el "salvavidas" hacia la estabilidad y las oportunidades para Emily Romero González, quien se mudó a los EEUU a la edad de 3 años.
"Crecí indocumentada y desde pequeña supe que era diferente a los demás estudiantes. No podía viajar a visitar a mi familia en Perú, no cumplía los requisitos para ciertos programas que sí cumplían mis compañeros, mis padres y yo no podíamos tener casa propia, y visitaba constantemente despachos de abogados", recordó Romero González, ahora defensora de la educación en Massachusetts Advocates for Children.
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MIRA AQUÍ GRATIS "Pero lo único a lo que sabía que tenía acceso, sin importar lo que pasara, era a la escuela, a la educación", añadió.
González y otros defensores de la educación, la inmigración y la discapacidad están planteando preocupaciones urgentes sobre las amenazas federales a los derechos educativos de los estudiantes inmigrantes y con discapacidad.
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SUSCRÍBETE Padres, abogados y maestros inmigrantes declararon a los legisladores en una audiencia el martes que la aprobación de un proyecto de ley que codifica las protecciones federales para estudiantes en la ley estatal ayudaría a calmar los temores en las comunidades inmigrantes y con discapacidad bajo la administración Trump, que ha tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y podría buscar ajustar la política de servicios para personas con discapacidad desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero.
El proyecto de ley del senador Pavel Payano y el representante Frank Moran (S 436 / H 650) no añadiría nuevas protecciones legales, sino que codificaría cuatro protecciones diferentes relacionadas con los estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes inmigrantes y los estudiantes con discapacidad, establecidas por estatutos y directrices federales.
"Uno de cada ocho estudiantes de Massachusetts es estudiante de inglés, y uno de cada seis estudiantes de Massachusetts tiene una discapacidad", declaró Payano. "Las reducciones federales amenazan los derechos que protegen a estos niños. Al codificar estos derechos en la ley estatal, garantizamos que Massachusetts continúe defendiendo la equidad y la educación, pase lo que pase".
El proyecto de ley codificaría el derecho a la educación pública para estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, y codificaría las disposiciones de la ley de educación especial que protegen a los estudiantes con discapacidades de suspensiones o expulsiones escolares inequitativas directamente relacionadas con sus discapacidades. También codificaría las directrices federales que abordan las necesidades de los estudiantes de inglés con discapacidades, junto con las que garantizan que las escuelas proporcionen intérpretes que no solo sean bilingües, sino también capacitados y cualificados.
La Fiscal General Adjunta Principal, Abby Taylor, instó al estado a codificar las protecciones, recordando la época en que Massachusetts codificó el derecho al aborto hace cinco años, antes de que la Corte Suprema anulara el caso Roe contra Wade.
"En 2020, más de un año antes de que la Corte Suprema anulara 50 años de precedentes legales al emitir la decisión Dobbs, la Legislatura de Massachusetts actuó, con la previsión de aprobar la Ley Roe, y codificar el derecho al aborto en la legislación", declaró Taylor.
"Hoy nos encontramos en una situación similar con un gobierno federal hostil a los derechos civiles y a las protecciones que desde hace tiempo protegen a nuestros estudiantes", continuó.
Taylor afirmó que la Fiscalía General sigue defendiendo las leyes federales vigentes, pero está repleta de preocupaciones, especialmente en el contexto de los cambios y recortes al Departamento de Educación, algunos de los cuales podrían afectar los derechos civiles de los estudiantes. Trump ha presentado una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación y "devolver la autoridad" a los estados, lo que, según él, "brindaría a los niños y a sus familias la oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando".
Se ha debatido entre funcionarios electos de Massachusetts, incluida la Fiscal General Andrea Joy Campbell, sobre si Estados Unidos enfrenta una crisis constitucional bajo la administración Trump.
"Lo redactamos por la preocupación que generamos durante las elecciones, y luego, dado el resultado de las mismas, creo que nuestras preocupaciones solo se han profundizado desde la toma de posesión", declaró Diana Santiago, directora legal de Massachusetts Advocates for Children.
Representantes de grupos como la organización sin fines de lucro Reimagining Migration y Mass. Advocates for Children hablaron sobre las amenazas, en particular contra Plyler v. Doe, el caso emblemático de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982 que establece que los estados deben brindar educación gratuita desde preescolar hasta el bachillerato a todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio. En Nueva Jersey, Oklahoma y Texas, se han propuesto recientemente medidas que impugnan la educación pública gratuita para estudiantes indocumentados, y en Tennessee, se han suspendido las medidas recientes. El estado de California ha codificado Doe.
Numerosas madres de estudiantes de inglés como segundo idioma (ELL) también hablaron en español, con intérpretes de inglés, sobre el aspecto del proyecto de ley que reforzaría los servicios de traducción. Las madres comentaron sus experiencias al no poder participar en la educación de sus hijos ni hablar con sus maestros debido a la falta de servicios de traducción disponibles y adecuados. Algunas de las madres tienen estudiantes en las Escuelas Públicas de Boston, que afirman tener matriculados a más de 17,000 estudiantes de inglés como segundo idioma (ELL), el 31% de la población estudiantil total del distrito.
Jessica Lander, profesora de historia del año 2023 de Massachusetts, imparte clases a estudiantes inmigrantes y habló sobre la falta de acceso a traductores tanto para profesores como para padres.
"Veo cómo se excluye a nuestros padres de origen inmigrante de las reuniones del Programa de Educación Individualizada, lo cual es totalmente inaceptable. Por lo tanto, garantizar que tengamos traductores disponibles y de fácil acceso es fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la educación para nuestros hijos", declaró Lander.
