Un juez federal en Boston dictaminó que una querella alegando que el gobierno está deteniendo ilegalmente a inmigrantes y que no respeta sus derechos de debido proceso puede avanzar como una demanda colectiva.
Los afiliados de la American Civil Liberties Union (ACLU) en Massachusetts y New Hampshire dicen que la decisión del martes de la juez Patti Saris extiende el impacto de la demanda a cientos de inmigrantes que pasan por el tribunal de inmigración de Boston para audiencias de fianza.
Los grupos de derechos civiles argumentan que múltiples tribunales federales han dictaminado que el gobierno debe tener suficientes pruebas al decidir si alguien debe ser detenido hasta que se resuelva su caso de inmigración.
Las organizaciones habían presentado la demanda en nombre de los inmigrantes detenidos. Los fiscales federales argumentaron en parte que los tres demandantes han sido liberados, lo que hace que su reclamo sea discutible.
