El Departamento de Justicia dijo el lunes a una corte que no debería tener que entregar expedientes oficiales relacionados con la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA que ampara de la deportación a algunos inmigrantes jóvenes.
Los abogados del gobierno de Trump solicitaron a la Corte de Apelaciones del 2do Circuito que anule la orden de un tribunal que - según ellos - podría obligar a diversas agencias gubernamentales a revisar más de un millón de documentos.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que, de hecho, el requerimiento “extraordinariamente pesado y entrometido” relacionado con los documentos ya ha exigido al máximo los recursos a algunas agencias, y ha obligado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a retirar abogados y personal de comparecencias judiciales y de otras responsabilidades cotidianas.
Los activistas han interpuesto demandas contra el gobierno de Trump en Nueva York y California después que el presidente anunció la cancelación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Los activistas desean tener la oportunidad de revisar los documentos que muestran cómo fue que el presidente republicano y los principales funcionarios de su gobierno decidieron poner fin a ese programa.
El DACA ha protegido de la deportación a unas 800,000 personas traídas de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños o que llegaron con familias que se quedaron en el país después que expiraron sus visas. El programa incluye cientos de miles de estudiantes universitarios.
La corte de apelaciones programó para el martes una sesión en la que se expondrán argumentos orales ante un panel de tres jueces.
El secretario de justicia Jeff Sessions ha dicho que el expresidente Barack Obama hizo un ejercicio inconstitucional de su autoridad cuando decidió poner en marcha el DACA.
EEUU
Los abogados dijeron en un escrito presentado el lunes ante la corte que la ley actual prohíbe una revisión judicial de la decisión de la secretaria interina de Seguridad Nacional para poner fin al programa.
“Aquí, el único propósito aparente de la ampliación del expediente es examinar el proceso mental de la persona que tomó la decisión: investigar qué fue lo que pensó la secretaria interina (y sus subordinados) en lugar de qué fue lo que decidió”, según los abogados.
Los abogados de los demandantes no respondieron de momento no han respondido solicitudes de comentarios.
