AUSTIN, Texas.- La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por sus siglas en inglés) presentaron este martes una demanda contra la S.B. 4 del Senado de Texas, que recién fue convertida en ley por el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Esta medida permite a las fuerzas del orden locales y estatales arrestar a personas que se sospeche han entrado a Texas desde otro país sin autorización federal. También autorizará a los jueces de Texas a ordenar la deportación de una persona "sin el debido proceso y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria", se informó en un comunicado de prensa.
Además la demanda afirma que la S.B. 4 es inconstitucional y se argumenta que ya la ley federal ya regula la entrada de migrantes. Los demandantes que impugnan la ley son Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso, en Texas.
El gobernador Greg Abbott promulgó la ley este lunes. Si no es bloqueada por los tribunales, entrará en vigor el 5 de marzo de 2024.
"Estamos demandando para bloquear uno de los proyectos de ley antiinmigración más extremos del país", afirmó Adriana Piñón, directora jurídica de la ACLU de Texas.
"El proyecto de ley hace caso omiso de los principios constitucionales fundamentales y desprecia la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los tejanos, en particular a las comunidades brown y negras", se indica en el comunicado.
Igualmente se indica que "una y otra vez los funcionarios electos de Texas han ignorado a sus electores y han optado por la retórica de la supremacía blanca y el encarcelamiento masivo. El estado malgasta miles de millones de dólares de los contribuyentes en políticas fronterizas y policiales fallidas que podríamos gastar en educación, mejores infraestructuras y mejor atención sanitaria. Los tejanos se merecen algo mejor y estamos exigiendo responsabilidades a los políticos tejanos para asegurarnos de que esta ley nunca entre en vigor".
"Los esfuerzos del gobernador Abbott para eludir el sistema federal de inmigración y negar a las personas el derecho al debido proceso no sólo es inconstitucional, sino también peligrosamente propenso a errores, y perjudicará desproporcionadamente a las personas negras y morenas, independientemente de su estatus migratorio", dijo Anand Balakrishnan, abogado senior del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
