Los funcionarios federales acordaron reconocer nuevamente los indultos de Connecticut como legalmente válidos y dejar de deportar a las personas que han sido indultadas por sus delitos por una junta estatal, revirtiendo una postura de línea dura adoptada por la administración Trump, anunciaron las autoridades el viernes.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, dijo que los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional bajo Trump habían abandonado seis décadas de práctica al señalar a Connecticut y negarse a reconocer sus indultos, porque son emitidos por una junta en lugar del gobernador.
Otros cinco estados (Alabama, Georgia, Idaho, Carolina del Sur y Utah) tienen sistemas de indultos similares, pero el gobierno federal no dejó de reconocer sus indultos, dijo Tong. Los cinco estados son más conservadores que el liberal Connecticut.
Varios residentes de Connecticut que fueron indultados de repente se vieron envueltos en procesos de deportación y detenidos. La oficina de Tong presentó desafíos legales a la negativa del gobierno federal a reconocer los indultos del estado y prevaleció en los tribunales.
“Este acuerdo afirma, con toda la fuerza de la ley, lo que sabemos que es cierto desde hace más de un siglo: los indultos de Connecticut son legítimos y legales”, dijo Tong, un demócrata, en un comunicado. “No había ninguna razón para que el gobierno federal señalara a Connecticut y negara a nuestros residentes la segunda oportunidad que decidimos otorgarles”.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con funcionarios de Justicia y Seguridad Nacional. La oficina del fiscal federal en Connecticut, que también forma parte del acuerdo, remitió las preguntas al Departamento de Justicia.
Los funcionarios federales acordaron previamente comenzar a reconocer los indultos de Connecticut nuevamente en 2020 después de que Tong demandó a las agencias federales. Pero el Departamento de Seguridad Nacional no otorgó la aprobación final a ese acuerdo y siguió negándose a honrar los indultos del estado, dijo Tong.
Local
Dos residentes de Connecticut indultados por el estado, Wayzaro Walton y Richard Thompson, fueron detenidos en procedimientos federales de deportación y luego liberados después de que la oficina de Tong ganara desafíos legales.
En 2019, la Junta de Apelaciones de Inmigración dio por terminados los procedimientos de deportación de Walton, luego de dictaminar que su indulto era válido. La residente de Hartford, que llegó a los EE. UU. desde Inglaterra cuando tenía 4 años, estuvo detenida durante casi ocho meses mientras los funcionarios federales intentaban deportarla. Había sido residente permanente legal durante 25 años hasta que perdió su estatus legal en 2012 por cargos de hurto.
En 2020, un tribunal federal de apelaciones revocó la decisión de las autoridades de inmigración de deportar a Thompson porque había sido condenado por un delito grave de agresión 19 años antes, cuando tenía 18, a pesar de su indulto estatal.
Thompson, que vivía en Bridgeport, llegó a los EE. UU. desde Jamaica en 1997 cuando tenía 14 años para vivir con su padre, que es ciudadano estadounidense.
