Un hombre de Fall River, Massachusetts, enfrenta numerosos cargos después de que agentes del orden le confiscaran 30 armas, incluidas 16 armas de asalto, a principios de este año.
Joshua Rosa-Reyes, de 29 años, fue acusado el viernes de posesión de un arma de asalto, posesión de un arma de gran capacidad y posesión de municiones sin licencia para portar, anunció la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado de prensa.
En agosto, una investigación conjunta entre la oficina del fiscal general y muchas otras agencias policiales resultó en que Rosa-Reyes recibiera una orden de revocación y entrega de armas de fuego. Él cumplió y los investigadores confiscaron 30 armas, incluidas 16 armas de asalto, 46 cargadores de gran capacidad y miles de cartuchos de munición.
Una investigación adicional condujo a la ejecución de una orden de registro en la residencia de Rosa-Reyes en Fall River. Durante esa búsqueda, las autoridades descubrieron numerosos cargadores de gran capacidad, municiones y documentación que revelaba que Rosa-Reyes había alquilado un casillero de almacenamiento en Fall River. Una búsqueda en el casillero de almacenamiento reveló un arma de asalto AK-47 en posesión ilegal, un revólver Magnum .357 en posesión ilegal, municiones, más de 100 dispositivos de gran capacidad y varias otras piezas de armas.
Se descubrió y registró una segunda unidad de almacenamiento conectada a Rosa-Reyes, ubicada en la misma instalación. Los investigadores encontraron una bolsa de plástico sellada que contenía una pistola fantasma estilo Glock gris y naranja y $10,000 en efectivo escondidos en un contenedor de plástico.
"Estoy profundamente orgulloso del trabajo realizado por la Oficina del Fiscal General de Massachusetts y la asociación de otras agencias policiales estatales y federales en este caso", dijo Campbell en un comunicado. "Cuando las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad están fuera de las calles, nuestras comunidades están más seguras y el público está mejor protegido de los daños de la violencia armada".
La oficina de la fiscal general dijo que la investigación es parte de un esfuerzo más amplio de la oficina para reducir la violencia armada, que incluye abogar por una legislación que prohibiría el uso de silenciadores, tomar medidas enérgicas contra las armas fantasma y apoyar regulaciones y capacidades de aplicación de la ley más estrictas.
