CIUDAD DE MÉXICO — Si una mujer gana la presidencia de México, ¿habría un gobierno con perspectiva de género?
La pregunta ha acompañado las campañas electorales a pocos meses de unos comicios que casi con certeza arrojarán a una presidenta para el periodo 2024-2030.
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De los tres candidatos la puntera es Claudia Sheinbaum, que ha prometido continuar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le sigue Xóchitl Gálvez, representante de varios partidos opositores, uno de ellos conservador.
El triunfo de una u otra, sin embargo, no garantizaría un avance en políticas de género. En este país mayoritariamente católico ninguna de las dos candidatas ha compartido propuestas concretas sobre aborto, aunque sí han planteado medidas de protección a la mujer en un país que anualmente registra decenas de feminicidios.
¿Cuáles son algunos de los desafíos que el siguiente gobierno enfrentará con respecto a la agenda feminista y los derechos de la comunidad LGBTQ?
México es una república federal, lo que implica que cada estado tiene sus propios códigos penales para regular sus delitos.
El aborto se ha despenalizado en 11 de 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. Además, un fallo de la Suprema Corte prohíbe que se criminalice a quienes aborten en Coahuila y, tras el reciente fallo de otro tribunal, a esta lista pronto se sumará Jalisco.
Otros estados contemplan algunas causales y se permite en todo el territorio si el embarazo es producto de una violación.
Una resolución de la Corte allanó el camino a la despenalización a nivel federal en 2023, pero ordenar que se deroguen las normas que criminalizan el aborto en el Código Penal Federal no modifica las legislaciones estatales ni elimina el estigma social.
En estados donde ya es legal hay activistas que denuncian falta de insumos y capacitación en clínicas, así como hostigamiento a las solicitantes.
Para encarar esa problemática y facilitar el acceso donde aún no se permite, una red de voluntarias llamadas “acompañantes” acercan información, medicamentos o contactos a quien desee interrumpir su embarazo.
Gane quien gane, el Ejecutivo no afectaría directamente su avance o retroceso porque cada estado tiene autonomía sobre su código penal.
Sin embargo, dice Ninde Molina, abogada en Abortistas MX, organización especializada en estrategias de litigio sobre aborto, quien llegue al poder sí podría incidir como una suerte de autoridad moral.
“El peso del presidente es que es el representante del pueblo mexicano y se esperaría que se manifieste expresamente a favor de los derechos humanos”, dice. “En el contexto en el que estamos es muy peligroso que haya propuestas tan tibias porque el mensaje que manda es que entonces estos no son derechos fundamentales”.
LOS OTROS IMPACTOS
Y si bien de momento no preocupa pensar en un retroceso, el escenario cambiaría si López Obrador o Sheinbaum lograran alterar la composición del Poder Judicial.
Tras varias tensiones entre jueces, magistrados y el presidente, éste envió al Congreso una reforma para reemplazar a los actuales integrantes de la judicatura federal por otros elegidos por el voto popular, lo que preocupa a varios analistas, entre ellos, Molina.
“La Corte también está en peligro”, dice. “A la gente le podrá parecer atractivo, pero no se dan cuenta de lo que implica”.
“Por ejemplo, podría llegar un caso de aborto y que lo que está ya escrito se vaya para atrás”.
Isaac Alonso, del Movimiento Viva México, que respaldó las aspiraciones presidenciales de Eduardo Verástegui, piensa que ninguna de las candidatas representa la visión o intereses conservadores.
Desde sus filas también se percibe falta de contundencia sobre el tema y Alonso explica que para los conservadores la consigna no ha cambiado: aunque dicen no estar a favor de que se criminalice a las mujeres, el aborto es injustificable, por lo que esperarían políticas gubernamentales que alienten los nacimientos, por ejemplo, a través de mejoras en el sistema de adopciones.
“Creemos en impulsar políticas públicas con perspectiva de familia y que exista un ecosistema para que un bebé pueda vivir en condiciones de seguridad favorables”.
Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, tampoco ve un panorama alentador. “Antes de 2018 sólo se había aprobado el aborto en Ciudad de México”, recuerda.
“Es muy relevante decir cómo la Suprema Corte, en la presidencia de Arturo Saldívar, tuvo un sesgo ideológico”, dice sobre el juez que ahora forma parte del equipo cercano a Sheinbaum y también mantiene rencillas con la judicatura actual.
Según Cortés, los conservadores no ven en el gobierno un aliado para proteger la vida, también entendida desde la falta de combate a la violencia y, llegue quien llegue al gobierno, continuarán pidiendo acercamientos “para cuidar el primero y fundamental de los derechos”.
“Que gane una mujer no garantiza para nada la perspectiva de género”, dice Pauline Capdevielle, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “De hecho, lo que estamos viendo cada vez más son estrategias de los sectores conservadores para que haya una fachada de feminismo que se opone a la tradición feminista”.
Un cambio verdadero, indica, arrancaría integrando verdaderas feministas al gobierno. “No es meter mujeres donde no había, sino politizar estos temas y realmente impulsar una transformación”.
Algunas feministas han mostrado su respaldo a Sheinbaum, pero tanto ella como López Obrador han recibido críticas por su falta de empatía ante las manifestantes que protestan contra la violencia de género. Aunado a esto, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado uso excesivo de la fuerza contra mujeres en las marchas del 8 de marzo y consideran que su derecho a protestar se estigmatiza.
Para Capdevielle, entre los temas que falta afianzar en la agenda de género de México destacan la participación de las mujeres en los procesos políticos y la justicia reproductiva.
“Consolidar el derecho al aborto, que está lejos de ser una realidad para todas las mujeres” y garantizar educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, el derecho a la identidad autopercibida y los derechos de las personas LGBTQ.
“No es probable que las necesidades de esta población figuren prominentemente en las elecciones presidenciales”, dice Cristian González Cabrera, investigador senior de Human Rights Watch.
“Esta desconsideración ignora la realidad de muchas personas LGBT en México, que siguen viviendo en contextos de violencia y discriminación”.
En México la comunidad LGBTQ ha sido blanco de violencia desde hace tiempo. La organización civil Letra S documentó más de 500 homicidios en los últimos seis años, 58 de ellos en 2023, y 2024 arrancó con el asesinato de tres miembros de la comunidad trans, grupo que, junto con los migrantes, son particularmente vulnerables, considera González Cabrera.
“Los migrantes LGBT siguen sufriendo abusos de parte de grupos delictivos y funcionarios mexicanos debido a su doble vulnerabilidad”, explica. “Con demasiada frecuencia, estas violaciones de los derechos humanos no se investigan de forma efectiva ni se castigan”.
Sheinbaum defendió en 2023 que como alcaldesa capitalina creó una Unidad de Salud Integral para las Personas Trans y dijo que su sueño sería seguir luchando en favor de las personas de la diversidad sexual, pero no precisó más.
Por su parte, Gálvez escribió que en su gobierno las mujeres de la diversidad sexual vivirían con respeto a su orientación e identidad, mas tampoco ahondó en propuestas concretas, lo que sigue despertando suspicacia entre miembros de la comunidad LGBTQ conscientes de que uno de los partidos que la respalda es históricamente conservador.
González Cabrera destaca que desde 2022 todos los estados reconocen el matrimonio igualitario, pero hay derechos que aún no se garantizan en algunas entidades. “Por ejemplo, hay 11 estados en donde el reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans no es posible por vía administrativa, a pesar de sentencias de la Suprema Corte reconociendo este derecho”.
Para que haya una agenda a favor de la población LGBTQ, añade, un gobierno debería consultar a sus representantes sobre sus necesidades, destinar recursos para abordar la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, apoyar a migrantes LGBTQ y animar a los gobiernos estatales a armonizar su legislación con las sentencias de la Corte a favor de sus derechos.
