El gobierno estadounidense sancionó a más de una docena de personas originarias de Guatemala, entre ellas funcionarios, empresarios y particulares, por socavar la democracia y el Estado de Derecho al intentar afectar el proceso electoral, según anunció a través del vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El detalle de quiénes han sido sancionados no se hizo público, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió no identificarse por no estar autorizado para dar declaraciones, confirmó a The Associated Press que son 14 los sancionados, entre ellos funcionarios del Ministerio Público.
“Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder de Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”, dijo Miller. ”Los guatemaltecos han hablado. Sus voces deben ser respetadas”.
Las sanciones llegan en medio de la arremetida del Ministerio Público contra el presidente electo Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla —el partido que lo llevó a ganar la presidencia—, las elecciones, los magistrados electorales y los más de 100,000 ciudadanos que de forma voluntaria participaron en la recolección, conteo y protección de los votos.
Las sanciones por “acciones antidemocráticas” incluyen la restricción de visados para entrar a suelo estadounidense y se extienden a las familias de los sancionados.
La fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales, así como el juez Fredy Orellana han llevado a cabo acciones judiciales contra quienes han participado en el proceso electoral incluidos allanamientos a las sedes electorales, revisión voto por voto y secuestro de actas electorales dentro de varias investigaciones que incluyen una denuncia por supuesto fraude electoral.
La congresista estadounidense Norma Torres dijo en un comunicado de prensa que Estados Unidos apoya inequívocamente a quienes luchan por la democracia en Guatemala. “Me complace que la administración Biden haya atendido mi llamado de imponer restricciones adicionales a las personas que buscan socavar los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala”, dijo.
Torres llamó a que “otras agencias —incluido el Departamento del Tesoro— sigan su ejemplo con acciones igualmente enérgicas contra estos actores antidemocráticos en Guatemala”.
El juez Orellana ordenó suspender la personalidad jurídica del partido de Arévalo a través de una ley ordinaria, pero el Tribunal Supremo Electoral se negó a hacerlo aduciendo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, le otorga esa facultad sólo a esa entidad y que no se puede realizar durante el periodo electoral, que finalizó el martes.
Arévalo, en conferencia de prensa, dijo que con la publicación del acuerdo que pone fin al periodo electoral, “el proceso electoral ha culminado y sus resultados son definitivos e inalterables”.
Las acciones de la fiscalía han generado rechazo a nivel nacional e internacional y fueron la razón por la que miles de personas, lideradas por organizaciones indígenas, cerraron por 20 días más de 100 tramos de carretera en señal de protesta. Las organizaciones permanecen hace casi un mes frente a las instalaciones de la Fiscalía General para exigir la renuncia de Porras y sus fiscales, a quienes señalan de intentar ejecutar un golpe de Estado.
PIDEN DEJAR QUE ARÉVALO GOBIERNE
El martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió en su conferencia de prensa matinal “que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala” porque hubo una “elección democrática” en la que el pueblo eligió a Arévalo, un hombre “íntegro, responsable, honesto”.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana ya han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
Además de las sanciones a 14 personas por acciones antidemocráticas, el gobierno estadounidense reveló el nombre de otras personas también sancionadas el martes por actos de corrupción.
Se trata de exministros del gobierno del presidente saliente, Alejandro Giammattei: Gendri Reyes, ex ministro de Gobernación, Alberto Pimentel, ex ministro de Energía y Minas, así como su exviceministro Oscar Rafael Pérez Ramírez.
“Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavaron el Estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, dijo el Departamento de Estafo en un boletín de prensa.
“La corrupción socava la democracia y la confianza pública en las instituciones. Estados Unidos sigue comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos aquellos que intentan socavar las elecciones del 20 de agosto”, añadió el comunicado.
Las sanciones alcanzas a las esposas e hijos de los señalados.
